Una cuestión de extrema sensibilidad para la gente es la del transporte público. Todo el asunto transpira malhumor colectivo. El precio del boleto, el estado de los “micros”, el maltrato de los choferes a los pasajeros, incluso la extendida convicción de que algunos trabajadores del volante son cómplices de esos delincuentes que a diario convierten el simple acto de viajar en autobús en una experiencia extrema.
La ley 1590 es la herramienta a través de la cual el Estado dio inicio a su función reguladora desde un abordaje descentralizado. Dominado por tics de antagonismo más fuertes que cualquier atisbo de racionalidad, el poder republicano jamás se vio a sí mismo como un sistema complementario. Consecuentemente, con las instituciones creadas por la ley sucedió “más de lo mismo”. El Poder Legislativo las creó, el Poder Ejecutivo las excluyó del presupuesto. Mal parto, otra vez.
La SETAMA, encargada del transporte de Asunción y su área metropolitana vivió en terapia intensiva pediátrica por años. Su hermana, la DINATRAN, encargada de regular el transporte colectivo de media y larga distancia, pudo quedar bajo la sombra del MOPC que le dio casa y comida pero imponiendo onerosas canonjías, como no transferirle hasta hoy un órgano clave para su funcionamiento, la Policía Caminera. Bueno, no era cosa de ponerse muy rigurosos con el cumplimiento de la ley. Eran los tiempos de Lucho González Macchi, entienda Usted.
Este poco alentador escenario inicial, sin embargo, mezcló dos ingredientes cuyo poder explosivo rivalizaba con la dinamita de Alfred Nobel. Instituciones demasiado débiles nacidas con un mandato demasiado amenazante: interferir en los negocios y acomodos de los temibles gremios de empresarios y sindicalistas del transporte público, para meterlos en el corsé de costosas e imperativas transformaciones que debían ser agrado de tan raquíticos mandatarios.
Como el pasto debajo del árbol de mango, la DINATRÁN se secó a la sombra del MOPC, entidad de sostenido dominio colorado. Fue como si el antiguo Viceministerio de Transporte simplemente hubiese cambiado de nombre. Y casi sin transiciones, aspavientos ni forcejeos, la novel entidad reguladora se sumió en una hibernación que le rinde a los empresarios del ramo un largo y conveniente invierno de sigilosos arreglos, a la antigua usanza. Aquí no ha pasado nada, correligionario.
En cuanto a la SETAMA, debido a que su carta orgánica concede la silla más importante al Gobernador del Departamento Central, estando esta institución bajo sostenido dominio opositor, la historia supo ser distinta, pero no más venturosa.
Cuando al fin hubo recursos presupuestarios, el inicio de los procesos de transformación parió virulentas contrapartidas. Cada licitación de itinerarios tuvo su correlato de huelgas, marchas, crucifixiones y múltiples acciones judiciales que en algún caso apuntaban no apenas a empantanar las licitaciones, sino a aniquilar al propio ente de regulación. Expeditivos hasta el asombro, desde Ministros de la Corte hasta jueces del fuero de la niñez y la adolescencia proveyeron medidas cautelares dignas del Reino del Revés. Así, vieron la luz amparos para que empresas proscriptas pudiesen seguir explotando itinerarios con sus destartalados buses, para estupor y desencanto de los nuevos adjudicatarios cuyos flamantes y costosos vehículos eran apedreados e incluso incendiados a plena luz del día y con pasajeros a bordo.
La escandalosa notoriedad de los hechos no hizo mella en la vocación marketera del Gobierno, que siguió desparramando adjetivos para promover la radicación de inversiones en este paraíso terrenal. Mientras, colgado del pasamanos, Adán Autobús siente que este descalabro de proporciones bíblicas ya le costó mucho más que una costilla.
La ley 1590 es la herramienta a través de la cual el Estado dio inicio a su función reguladora desde un abordaje descentralizado. Dominado por tics de antagonismo más fuertes que cualquier atisbo de racionalidad, el poder republicano jamás se vio a sí mismo como un sistema complementario. Consecuentemente, con las instituciones creadas por la ley sucedió “más de lo mismo”. El Poder Legislativo las creó, el Poder Ejecutivo las excluyó del presupuesto. Mal parto, otra vez.
La SETAMA, encargada del transporte de Asunción y su área metropolitana vivió en terapia intensiva pediátrica por años. Su hermana, la DINATRAN, encargada de regular el transporte colectivo de media y larga distancia, pudo quedar bajo la sombra del MOPC que le dio casa y comida pero imponiendo onerosas canonjías, como no transferirle hasta hoy un órgano clave para su funcionamiento, la Policía Caminera. Bueno, no era cosa de ponerse muy rigurosos con el cumplimiento de la ley. Eran los tiempos de Lucho González Macchi, entienda Usted.
Este poco alentador escenario inicial, sin embargo, mezcló dos ingredientes cuyo poder explosivo rivalizaba con la dinamita de Alfred Nobel. Instituciones demasiado débiles nacidas con un mandato demasiado amenazante: interferir en los negocios y acomodos de los temibles gremios de empresarios y sindicalistas del transporte público, para meterlos en el corsé de costosas e imperativas transformaciones que debían ser agrado de tan raquíticos mandatarios.
Como el pasto debajo del árbol de mango, la DINATRÁN se secó a la sombra del MOPC, entidad de sostenido dominio colorado. Fue como si el antiguo Viceministerio de Transporte simplemente hubiese cambiado de nombre. Y casi sin transiciones, aspavientos ni forcejeos, la novel entidad reguladora se sumió en una hibernación que le rinde a los empresarios del ramo un largo y conveniente invierno de sigilosos arreglos, a la antigua usanza. Aquí no ha pasado nada, correligionario.
En cuanto a la SETAMA, debido a que su carta orgánica concede la silla más importante al Gobernador del Departamento Central, estando esta institución bajo sostenido dominio opositor, la historia supo ser distinta, pero no más venturosa.
Cuando al fin hubo recursos presupuestarios, el inicio de los procesos de transformación parió virulentas contrapartidas. Cada licitación de itinerarios tuvo su correlato de huelgas, marchas, crucifixiones y múltiples acciones judiciales que en algún caso apuntaban no apenas a empantanar las licitaciones, sino a aniquilar al propio ente de regulación. Expeditivos hasta el asombro, desde Ministros de la Corte hasta jueces del fuero de la niñez y la adolescencia proveyeron medidas cautelares dignas del Reino del Revés. Así, vieron la luz amparos para que empresas proscriptas pudiesen seguir explotando itinerarios con sus destartalados buses, para estupor y desencanto de los nuevos adjudicatarios cuyos flamantes y costosos vehículos eran apedreados e incluso incendiados a plena luz del día y con pasajeros a bordo.
La escandalosa notoriedad de los hechos no hizo mella en la vocación marketera del Gobierno, que siguió desparramando adjetivos para promover la radicación de inversiones en este paraíso terrenal. Mientras, colgado del pasamanos, Adán Autobús siente que este descalabro de proporciones bíblicas ya le costó mucho más que una costilla.